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¿Son necesarias tantas empresas públicas autonómicas y municipales?
Publicado el 24/06/2008, por Juan R. Cuadrado Roura. Catedrático de la Universidad de Alcalá
La economía española actual ofrece algunas paradojas, si no contradicciones, importantes. Una de ellas es, sin duda la dispar trayectoria que ha venido siguiendo la Administración Central en comparación con las administraciones autonómicas y locales en el ámbito del sector público empresarial.
Como es sabido, desde hace años el Estado español ha procedido a privatizar un gran número de empresas que estaban en sus manos. Las primeras operaciones de este tipo se produjeron en la década de los ochenta, bajo gobiernos socialistas, con la reprivatización de las empresas del holding Rumasa y la venta de algunas empresas industriales, como SEAT o ENASA (Pegaso), por motivos tecnológicos y/o de mercado. Posteriormente el Estado se desprendió también de sus participaciones en otras grandes empresas públicas mediante operaciones de oferta pública de venta (OPV), si bien se reservaba habitualmente el control accionarial de las mismas. Ejemplos de este tipo fueron las privatizaciones parciales de ENDESA y REPSOL en 1987 y 1988, a las que siguieron las sucesivas ventas de acciones de estas mismas empresas, así como de Argentaria y Telefónica.
A partir de junio de 1996, de la mano del Partido Popular, se inició un amplio programa privatizador que redujo sustancialmente el peso del sector público empresarial en nuestra economía, particularmente durante el período 1997-1998, un proceso que ha continuado posteriormente aunque cada vez con menor intensidad. Todavía hay bastantes campos dominados por empresas estatales, como el ferroviario, los aeropuertos, correos y otros, pero el número de empresas públicas estatales y su relevancia son actualmente bastante reducidas.
El camino inverso de las autonomías y corporaciones locales
Frente a este comportamiento de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales (ayuntamientos, cabildos y diputaciones) han caminado en dirección absolutamente contraria. Basten algunos datos para demostrarlo. En 1998 las Comunidades Autónomas tenían en sus manos 462 empresas y entidades públicas, que al cerrar 2007 sumaban ya 799. Esta progresión ha sido todavía más espectacular en el caso de las administraciones locales puesto que su número se ha multiplicado por más de tres veces en menos de una década. En 1998 existían 467 empresas y entidades públicas en manos de los municipios y demás corporaciones locales, que en 1996 (último año para el que disponemos de datos oficiales) habían pasado a ser 1.425, cifra que seguramente se incrementó de nuevo en 2007 puesto que éste fue todavía un año de bonanza económica y de expansión del gasto y las inversiones por parte de las administraciones locales.
Esta “inflación de empresas públicas” - como califiqué este proceso en otro artículo - ha sido protagonizada por todas las comunidades autónomas y por la mayoría de los grandes municipios. En el caso de las Autonomías, Andalucía, con 92 empresas y entidades públicas, ocupa la primera posición, aunque seguida a poca distancia por el País Vasco (89) y Cataluña (88). Pero, en función de su peso relativo, otras comunidades ocupan asimismo posiciones muy destacadas, como ocurre con la Comunidad Valenciana (60 empresas y entidades públicas), Aragón (47), y Asturias (41).
En el ámbito de las corporaciones locales, Andalucía figura también en el primer puesto, con 400 empresas y entidades públicas creadas por las autoridades locales de la región, seguida por los municipios de Cataluña, con 333, el País Vasco, con 168, Canarias, con 100, y Madrid con 68. La mayoría de las capitales de provincia han creado empresas, entidades y fundaciones públicas, si bien destacan especialmente Barcelona, con 26, Bilbao y Madrid, con 12, y Málaga con 10. Por otra parte, hay más de 60 municipios que no son capitales de provincias que han creado 3 o más entidades públicas, entre los que sobresalen por su elevado número: Estepona, Jerez, Marbella, Reus y Tarrasa, entre otras.
¿Hubo razones para esta expansión de empresas públicas? ¿Las sigue habiendo para mantenerlas?
Las razones que subyacen en esta proliferación de empresas públicas son bastante variadas. Algunas de ellas se crearon con motivo de la celebración de algún evento histórico, cultural o deportivo singular, y no siempre se han cancelado más tarde. En otros casos, el objetivo era alcanzar determinados fines sociales mediante nuevas fundaciones o empresas autonómicas y municipales, pero una re-lectura de los fines perseguidos permite sospechar que en bastantes casos se crearon para sortear los requerimientos administrativos que imponía el desarrollo de dichas actividades por parte de las respectivas Administraciones Públicas. Es lo que en algunos trabajos se califica como 'la huida del Derecho Administrativo'. Por último, a los casos anteriores se ha sumado también la creación de Institutos o Sociedades con fines de promoción industrial y de servicios, en una línea de voluntarismo político semejante al que en su día justificó la creación del INI. Dichas sociedades o institutos se han convertido a su vez en holdings de empresas, que en no pocos casos han sido y son poco o nada rentables y que han dado lugar a calificar a dichos conjuntos como auténticos ‘INIs regionales’.
¿Qué cabe hacer?
La evolución que está siguiendo nuestra economía constituye, en mi opinión, una excelente oportunidad para que autonomías y municipios revisen en profundidad el abultado sector público empresarial autonómico y municipal que se ha creado. Algunas empresas que lo componen son claramente deficitarias. Otras pretenden cubrir unos objetivos que no están ya justificados, motivo por el que deberían desaparecer. Y, por último, en otros casos su misión podría y debería transferirse al sector privado.
Se impone una fase de austeridad y de ahorro en los gastos e inversiones de las autonomías y municipios españoles. Hay que recortar las fuentes que generan más déficit y recuperar, en lo posible, los recursos invertidos. Y tampoco puede permitirse que las empresas públicas autonómicas y locales sean una vía para obtener financiación, vía endeudamiento. Al cerrar 2007, la deuda acumulada por las comunidades autónomas ascendía a 59.711 millones de Euros y la de las corporaciones locales (ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y cabildos) sumaba otros 29.103 millones de Euros. A estas cifras debe sumarse la deuda asumida por las empresas públicas creadas por las autonomías y las corporaciones locales, que ascendía a 10.421 millones al cerrar el último ejercicio. Sin duda, como dicen los castizos, ‘esto es demasiado’.
Comentarios
edu el 24 de Junio de 2008 a las 13:32 ( aviso al moderador )
ia sabemos q lo publiko no funciona....se genera despilfarro i es poko eficiente........xq seguimos cn tantas cosas publikas?mi teoria es sencilla.....xq todos keremos chupar de la teta de nuestra madre patria.....si en bonanza econimica i tenen deficit.....ni t cuento ahora....mas carnaza pal paro jejeje,no e sio buen estudiante pero creo q en clase nos dijeron q el gasto publiko es fundamental para salir de las crisis.....y aki como se lo han gastao ia no tenemos q gastar
subcontratado (Autor sin e-mail publico) el 24 de Junio de 2008 a las 14:02 ( aviso al moderador )
Algunas empresas prestan servicio a la administración subcontratadas de otras que lo son a su vez de otras que son las que tienen el servicio concedido.
¿No les parece que hay mucho dinero que se pierde antes de llegar al trabajador?
¿Que pasaría si tiraramos a ver a quien concedes las diferentes administraciones los servicios? Saldrían familiares, amigos ...
Que las empresas subcontraten no me parece bien, pero que lo haga el estado me parede fatal.rafalito el 25 de Junio de 2008 a las 15:17 ( aviso al moderador )
Claro que son necesarias, porque en ellas los políticos han descubierto la manera de saltarse a la torera la legislación administrativa y a los funcionarios y contratar en ellas a todos los políticos que necesitan colocar de una y otra forma, con sueldos estratoféricos, para estar todo el día leyendo el periódico...
realista el 25 de Junio de 2008 a las 17:24 ( aviso al moderador )
El sistema actual no funciona, cada vez existe mas incompetencia, despilfarro, estafas, cohecho, etc.............
Las autonomías no tienen sentido de ser. Corrupción en muchos Ayuntamientos, más etc...............
Vamos para escribir una enciclopedia.efla (Autor sin e-mail publico) el 25 de Junio de 2008 a las 18:11 ( aviso al moderador )
pues supongo que todos los que siempre opinan que se deberían privatizar los servicios públicos estarán encantados, aunque solo sirvan para esto: enchufe de amiguitos con sueldazos, pero eso sí no son funcionarios que eso es lo que importa.
aunque yo me preguntaría: realmente vale la pena? funcionan mejor estas empresas que la administración?
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