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Publicado el 01/07/2008, por Andrés Betancor. Colaborador de Expansión.
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 20 de junio, el Acuerdo para la ejecución del Plan de Acción para la reducción de la carga administrativa. La primera impresión que causa dicha aprobación es el importante retraso de España en estas cuestiones.
EEUU inventó la denominada Better Regulation en los ochenta del siglo pasado bajo la Administración Reagan. Los países europeos se han ido sumando progresivamente.
A fines de los noventa se incorporó Reino Unido ya bajo administración laborista, quien desde el año 2001 cuenta, incluso, con una legislación específica que ha sido revisada con la Legislative and Regulatory Reform Act de noviembre de 2006. En el caso de la UE, el Plan de Acción de la Comisión es de junio del año 2002, muy lejos todavía de lo alcanzado en los países citados.
En España, con el Acuerdo y el Plan que comentamos, estamos todavía en la fase de las buenas intenciones, ciertamente osadas. El Gobierno se propone reducir la carga administrativa en un 30%, en lugar del 25% recomendado por la Comisión Europea, en el año 2012. Sin embargo, todavía queda mucho por andar para contar con unas bases sólidas que permitan hacer realidad este desafío; muchísimo, si nos comparamos, por ejemplo, con la situación en Reino Unido.
La Administración laborista ha sido muy ambiciosa pero ha procurado contar, por un lado, con la base del conocimiento necesario mediante informes encargados a comisiones de expertos independientes (el famoso informe Hampton) y con organismos igualmente independientes, como la Better Regulation Executive, que impulsen la reforma regulatoria. Y, por otro, ha trabajado con denuedo en la implementación de las técnicas adecuadas para simplificar la regulación existente, reducir la carga administrativa y mejorar la nueva regulación.
Existe, por ende, otro aspecto que, en el caso de España, hace aún más complicado alcanzar el reto indicado: la organización territorial del Estado. En el Plan sólo se alude a la conveniencia de establecer “mecanismos de coordinación eficientes que resulten atractivos” a las Comunidades Autónomas.
Me parece muy difícil, en este momento de refundación, incluso, aconstitucional, del Estado, atraer a Comunidades Autónomas como la de Cataluña a la buena senda de la reducción de la carga administrativa, tal y como lo demuestra su legislación en materia de equipamientos comerciales y la de imposición de su lengua propia. El artículo publicado el pasado viernes en este mismo periódico por P. Moser, Director de la Cámara de Comercio alemana para España me parece ilustrativo. En fin, mucha osadía y, cómo no, otro brindis al sol.
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