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La Seguridad Social descubre fraudes en 2007 por valor de 102 millones de euros

Publicado el 12/02/2008, por EXPANSIÓN.COM

La Policía Judicial ha destapado fraudes en los que han sido detenidas 403 personas e imputadas otras 179 más y se ha investigado a un total de 404 personas jurídicas y más de 1.650 personas físicas. Más de la mitad del importe defraudado ya ha sido recuperado.

La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, ha descubierto fraudes a la Seguridad Social, durante el año 2007, por valor de 102 millones de euros, importe del que se estima que más de la mitad ha sido recuperado.

Este es el resultado de un total de 752 investigaciones llevadas a cabo, que han dado lugar a la instrucción de 342 atestados, 76 informes a las Autoridades Judiciales y más de 752 informes a entidades de la Seguridad Social. Resultaron detenidas 403 personas e imputadas otras 179.

Estas actuaciones se llevan a cabo a requerimiento de las distintas entidades de la Seguridad Social, como consecuencia de las irregularidades que detectan en sus controles habituales, o bien por comunicación de otras unidades policiales sobre denuncias que reciben y de las autoridades judiciales sobre hechos de los que conocen, y se ha investigado a 404 personas jurídicas y 1.650 personas físicas. Los delitos cometidos se pueden clasificar en varias categorías:

-Responsables de empresas que incumplen la obligación de cotizar o tratan de ocultar la verdadera titularidad de las mercantiles, utilizando empresas interpuestas o testaferros con el objeto de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social. El Código Penal sanciona estas conductas como delito específico contra la Seguridad Social cuando la deuda alcanza la cantidad de 120.000 euros en un mismo ejercicio.

-Insolvencia punible, cometida por aquellas personas jurídicas, en las que tras acumularse deuda con la Seguridad Social, por incumplir la obligación de cotizar, cambian la denominación de la empresa o producen una descapitalización de la misma mediante el traslado de los elementos patrimoniales a otras mercantiles creadas al efecto. En la mayor parte de casos se utilizan testaferros para declarar insolvencia de la deudora. También se ha investigado a personas físicas que incumplen de forma sistemática la obligación de cotizar, y que cuando tienen conocimiento de que por parte de la Seguridad Social se ha iniciado el procedimiento de apremio, venden o simulan la venta de sus bienes.

-Falsificación de documentos de cotización (certificados de situación de cotización o boletines de cotización) cometidos por responsables de empresas, que actúan en la modalidad de subcontratas en la construcción o servicios, con el fin de acreditar ante las empresas contratistas, a efectos de la responsabilidad solidaria o subsidiaria, los pagos de las cuotas de seguros sociales que no han realizado.

-Otras falsedades documentales en relación con el alta y afiliación de trabajadores llevadas a cabo, en unos casos para simular una relación laboral inexistente y obtener, prestaciones, subsidios u otros beneficios que la afiliación al Sistema de Seguridad Social contempla, y en otros, casos de ciudadanos extranjeros en situación ilegal, para realizar una actividad laboral cuando carecen del preceptivo permiso de trabajo.

Operaciones más relevantes
-En Barcelona resultó detenido F.J.M.G, quien constituyó 5 sociedades, dedicadas a la actividad de construcción, que se fueron sucediendo en el tiempo, a medida que acumulaban deuda con la Seguridad Social, descapitalizando las deudoras y pasando los elementos reproducción a las nuevas sociedades, defraudando a la Seguridad Social 9.190.574,88 euros.

Otros detenidos en la Ciudad Condal fueron J.B.L. asesor laboral, junto con otras 13 personas más por presuntos delitos de insolvencia punible.Constituyeron un total de 31 empresas, todas ellas deudoras de la Seguridad Social, que se iban sucediendo en el tiempo y a cuyo frente hacían figuran a testaferros con el fin de ocultar la verdadera identidad del deudor y en consecuencia eludir la acción recaudatoria de la Seguridad Social. Por este procedimiento lograron defraudar a la Seguridad Social 10.060.018,75 euros.

También en la capital de la Generalitat se investigó a A.R.C. y F.J.I.Z., que fueron detenidos por delitos de insolvencia punible y contra la Seguridad Social, constituyeron un grupo empresarial integrado por 4 mercantiles, que se fueron sucediendo en el tiempo a medida que acumulaban deuda con la Seguridad Social, y se iban descapitalizando, con el fin de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social, produciendo una defraudación a dicho Organismo por importe de 2.216.952,15 euros.

También se detuvo a cuatro personas por delitos de insolvencia punible y contra la Seguridad Social. Tres de los detenidos F.S.V, C.S.R. y V.S.V, eran titulares de una empresa dedicada a la actividad de construcción que acumuló importantes deudas por impagos de los seguros sociales de sus trabajadores. Cuando se iniciaron por la Seguridad Social actuaciones ejecutivas contra la misma, constituyeron otra mercantil a cuyo frente colocaron testaferros con el fin de ocultar la verdadera identidad del deudor, defraudando a la Seguridad Social la cantidad de 5.812.239,90 euros.

-La denominada operación “Plata”, desarrollada en las provincias de Jaén, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, y Granada, en la que resultaron detenidos un total de 95 personas. Uno de los detenidos R.G.G., constituyó una empresa que carecía de cualquier tipo de actividad en la que dio de alta, como supuestos trabajadores y a cambio de cantidades de dinero a un total de 112 personas, en su mayoría de etnia gitana y dedicados a la venta ambulante, sin que efectuara ningún tipo de cotización.

Tras mantenerlos en alta los mínimos períodos para adquirir derecho a la percepción de prestaciones, simulaba despidos, y los falsos trabajadores pasaban a percibir subsidios por desempleo. Entre los detenidos figuraban dos responsables de una asesoría laboral que gestionaba los asuntos de la empresa. Resultaron imputadas 21 personas más que no fueron localizados. El fraude ascendió a 1.038.000 euros.

-La investigación llevada a cabo en Madrid en la que J.A.Y.I. y M.M.M.V.S, fueron detenidos por delitos de insolvencia punible y contra la Seguridad Social. Los detenidos dirigían 16 empresas, dedicadas a distintas actividades, que tras diversos períodos de funcionamiento en los que acumulaban deudas con la Seg. Social, las dejaban sin actividad haciendo figurar al frente de las mismas a empleados de las propias mercantiles, defraudando la cantidad de 2.407.979,67 euros.

-La investigación llevada a cabo en Alcalá de Henares, en la que resultaron detenidas 23 personas. F.S.L. uno de los detenidos, funcionario del Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid, aprovechando que conocía la clave de mecanización de prestaciones de la directora de la oficina, mecanizó subsidios a favor del resto de los detenidos, careciendo de competencias para ello y sin que existiera el correspondiente expediente.

Dado que los hechos fueron detectados al poco tiempo de su inicio, el fraude ascendió a 318.919,30 euros, ya que de haber continuado la cantidad podría haber sido muy elevada.

En Madrid y Palma también se detuvo a cinco personas por presuntos delitos de falsedad documental, insolvencia punible y contra la Seguridad Social. Tres de los detenidos, los hermanos D.A.P., J.M.A.P y O.A.P., crearon un grupo empresarial integrado 39 mercantiles, en su mayoría dedicadas a actividades de servicios, que se fueron sucediendo en el tiempo a medida que iban acumulando deuda, las cuales domiciliaban en direcciones ficticias o en centros de negocios y a cuyo frente hacían figurar a testaferros, con el fin de eludir el pago de los seguros sociales produciendo una defraudación de 11.993.151,73 euros.

Con esta documentación inscribía en la Seguridad Social empresas a nombre de los titulares de los documentos con las que realizaba una actividad real controlándolas a través de uno de sus intermediarios, sin que en ningún caso ingresara las cuotas de los seguros sociales de los trabajadores. En total, defraudaron la cantidad de tres millones de euros.

Al mismo tiempo eran dadas de alta en estas empresas personas que no ejercían una actividad laboral real y efectiva, que tras permanecer un tiempo en situación de alta pasaban a percibir, de forma indebida prestaciones o subsidios por desempleo.